Por Vania Cárdenas

Soy la última en la lista sin    empezar con zeta
Soy la raya en la pared y el     grafiti en la muralla
Soy de las nunca que quiso    que sacaran la historia
Soy la pancarta que dice         que esto no se ha terminado

(“Rabia”, Malú González Cortés, 2019)

El estado como institución monopolizadora de la violencia es algo más que una frase; tal como ayer y hoy lo refleja la historia chilena y latinoamericana.

Valparaíso, 1903. “La cuestión social no existe”, habían dicho los representantes de las clases dominantes negando las inhumanas condiciones de vida de los/las trabajadores/as y sus familias. En mayo de este año se desarrolló la huelga de la gente de mar a la que se sumaron otros sindicatos; las elites observaban temerosas a la multitud que salió a las calles del puerto, “descolgándose de los cerros por la plaza Sotomayor”. Un representante de la burguesía -Joaquín Edwards Bello- por estos días decía que “la calle Márquez era una cloaca productora de cirrosis, sífilis y tuberculosis, por ahí bajó al plan la chorrera del odio de clases”.
Frente a la tozudez patronal el movimiento popular quemó y apedreó tranvías, un policía asesinó de un balazo en la cabeza al obrero Manuel Carvajal y tras ello comenzó su reguero de muerte. La turba enfurecida devino en asonada, iniciando el saqueo de las oficinas navieras y depósitos del muelle. El Intendente dio carta blanca a la policía para reprimir con brutalidad, sin embargo esto estimuló aún más a las masas “como no lo hubiera podido ningún agitador”; la policía se vio sobrepasada por la turba, algunos manifestantes les quitaron los rifles y la furia masiva solo fue detenida tras la intervención del ejército.
Las cifras oficiales hablan de 50 a 100 trabajadores muertos y cientos de heridos. Washington Salvo -el policía asesino de Carvajal- iniciaría una ascendente carrera con la que obtuvo en pocos años una jefatura. Mientras tanto, la violencia desatada contra el pueblo en la Huelga de la carne de Santiago (1905) también se traducía en beneficios para la policía. El gobierno “premió” los crímenes cometidos por su brazo armado dictando una Ley de Recompensa que concedió 3 años de abono a los policías que participaron en la represión.
Después de la asonada de Valparaíso, los propietarios y comerciantes protestaron ante el intendente por considerar que el accionar policial había sido “débil” para proteger sus propiedades. En paralelo, la prensa oficial amplificaba el discurso con el cual infundía el temor a los “ciudadanos comunes del puerto” frente a los “delincuentes” que habían participado de estos hechos. Desde la prensa obrera el diario El Vaporino señalaba: “no ha bastado más que esta rebeldía de unas cuantas horas, para que todos los diarios reconocieran que la Gente de Mar tenía razón y que realmente existía la cuestión social en Chile”.
En los años siguientes, el movimiento de organización popular se incrementó, con organizaciones de trabajadores/as que crearon sociedades de resistencia y sindicatos e hicieron frente a la ofensiva patronal con resistencia a través de movilizaciones y huelgas, fundación de periódicos, veladas artísticas y bibliotecas populares. Dos décadas después este movimiento político-social contribuyó a la conformación de la Asamblea Constituyente Popular (“Constituyente chica”) que estuvo formada por asalariados, estudiantes e intelectuales.
En 1925 esta instancia de máximo poder democrático levantó una serie de demandas que habían nacido desde el pueblo, entre otras se exigía igualdad de sexos, que la propiedad privada cumpliera una “función social”, etc. Este año Alessandri respondía a las huelgas de arrendatarios, profesores y estudiantes con  represión policial y militar traducida en torturas, encarcelamientos, deportaciones y la matanza de trabajadores en la oficina salitrera La Coruña. Al mismo tiempo traicionó la promesa de Asamblea Constituyente que había hecho al pueblo, llamando a elecciones parlamentarias para que un nuevo congreso elaborara y discutiera las reformas constitucionales, para imponer una constitución antidemocrática, elaborada entre cuatro paredes.
Este fue el origen de la Constitución de 1925 que sería retocada por la  dictadura con la Constitución de 1980 y volvería a ser remozada por los gobiernos post dictatoriales. Estamos hablando de una cadena de casi 100 años de imposición constitucional antidemocrática cuyo punto en común es la consolidación del “derecho natural” y limitado de la propiedad privada por parte de unos pocos.
Sin embargo, en el Chile del siglo XXI se ha “constituido” un poder soberano y popular que si bien estuvo adormilado entre malls, individualismo y comida chatarra, despertó con todas las fuerzas de la historia para salir a las calles organizarse y dar la pelea por tanto derecho saqueado durante décadas de infamia. “Héroes del pueblo somos nosotros” dice un grandioso rallado a los pies de la estatua de Condell de la Pinto; en buena hora, pienso.

La etapa decisiva del Artículo 304 del Código del Trabajo y el derecho a negociar colectivamente
Por Osvaldo León Montenegro  /  EVocero de la CONATUCh y Presidente del Sindicato Interempresa Número 1 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
La problemática del Artículo 304 en el mundo sindical de la educación superior ha significado un desafío crucial para nuestro sector. Desde el 2018, año en que amparándose en el artículo 304 la U. Católica del Maule se negó a negociar con el sindicato de esa casa de estudios, hasta ahora, en que el citado cuerpo legal ha impedido las negociaciones de la U. Católica del Norte y la U. Católica de Temuco, nuestras acciones han sido contundentes.
El escenario que hemos enfrentado como organizaciones sindicales reunidas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior Chilena (CONATUCh) ha sido, por un lado, complejo y, por otro, alentador. Alentador en tanto se han multiplicado los apoyos y la unidad entre nosotras y nosotros bajo un objetivo: la institucionalización de la negociación colectiva.
El Artículo 304, para quien no sepa, regula en qué instituciones o empresas es o no posible negociar colectivamente, indicando en su inciso tercero que en instituciones o empresas que reciben aportes estatales, sólo se podrá llevar a cabo la negociación si los fondos provenientes de las arcas fiscales no exceden el 50%.
Sin embargo, hasta el 2018 las organizaciones sindicales de la educación superior no habían tenido dificultades. Realidad que cambió de golpe en enero de este año, mes en que la Dirección Nacional del Trabajo emitió arbitrariamente un dictamen en que agregó aportes como los de título oneroso y gratuidad a la base de cálculo que determina el 50% que define dónde es posible llevar a cabo la negociación colectiva, provocando con ello que los fondos excedan con creces el porcentaje tope.
 Nuestras acciones
Frente a lo anterior, las organizaciones agrupadas en la CONATUCh, junto a organizaciones sindicales de otros sectores que también se ven afectadas, han emprendido una serie de medidas, entre las que destacan dos proyectos de ley entregados en el Congreso, uno a la Cámara de Diputados y otro al Senado. Ambos con el objetivo de modificar o derogar el Artículo 304 e institucionalizar, con ello, la negociación colectiva en instituciones como la nuestra.
Además, y en el mismo contexto parlamentario, la Cámara de Diputados, por 89 votos a favor, 12 en contra y 43 abstenciones, en agosto del presente año acordó solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que deje sin efecto la prohibición de negociar colectivamente a empresas cuyo presupuesto ha sido financiado en más de un 50% por el Estado. La resolución debe expresamente derogar los Incisos Terceros y Cuarto del Artículo 304 del Código del Trabajo.
Este proyecto de acuerdo transversal políticamente hablando, es un respaldo enorme a la demanda levantada por la CONATUCh.
La tozudez de algunas autoridades
No obstante lo anterior, nos preocupa enormemente la nula voluntad política de algunos gobiernos universitarios adscritos a la Red de Universidades Públicas No Estatales (G-9), como la U. Católica del Norte y la U. Católica de Temuco, que se han negado sistemáticamente a negociar colectivamente a pesar de las resoluciones administrativas de las Inspecciones del Trabajo de Antofagasta y Temuco, que han legitimado estos procesos negociadores.
Párrafo aparte es la situación que enfrenta el Sindicato de Trabajadores de la U. Católica del Maule, que después de largas batallas judiciales y administrativas logró hacer efectivo el derecho a negociar colectivamente, encontrándose hoy día enfrentando una huelga legal con cerca de 30 días de paralización. Esto, debido a la posición terca, carente de voluntad de diálogo de las autoridades administrativas de ese plantel.
A modo de síntesis
Hoy día más que nunca, las instituciones de Educación Superior Chilena necesitan, por la crisis que enfrentan nuestras universidades, autoridades administrativas inclusivas, proclives al diálogo y a la unidad de las comunidades educativas como única forma de resolver los conflictos y fortalecer la convivencia interna.
Por otro lado, entramos en una etapa decisiva en esta lucha nacional. El Artículo 304 del Código del Trabajo está en un estado casi terminal, agonizante. En ello, la acción de la CONATUCh y los demás sindicatos perjudicados ha sido crucial. Sin embargo, no por esto debemos entregarnos a la pasividad. Hoy hay que redoblar los esfuerzos de unidad y movilización de las trabajadoras y trabajadores afectados por esta vulneración de un derecho fundamental.
El no negociar despotencia a los sindicatos; el negociar los fortalece. Apostamos por lo segundo. En este momento clave hay que reactivar la movilización nacional para lograr, sin condiciones, la institucionalización del derecho a negociar colectivamente.