Category Archives: Análisis político

LAVAMANOS con agua y jabónPARA PLAZA ECHAURREN!!!

Hasta que la dignidad se haga costumbre en Valparaíso…

Quienes habitamos en los alrededores de Barrio Puerto nos cansamos de pedir a la Alcaldía de Valparaíso dignidad en Plaza Echaurren, y es que no se entiende la inexistencia de un baño público o un lavamanos funcionando, sobre todo en tiempos de pandemia.

Cuando Valparaíso pasa a fase 3 y el único lugar de encuentro y cultura del sector, la Biblioteca Popular Jorge Farías, quiso abrir sus puertas, se enfrentó a la complicación de encontrarse sin las herramientas básicas para poder garantizar a lxs voluntarixs y a lxs vecinxs que no se contagiarían de COVID19, ya que los locales comerciales que colaboraban con baño y agua se encontraban cerrados.

El 21 de octubre, se emplazó al alcalde Sharp a través de Redes Sociales con la finalidad de que resolviera el problema de salubridad que afecta a la plaza, posteriormente con fecha 28 del mismo mes, se envío una carta reiterando la solicitud, carta que se leyó en una reunión de Concejo Municipal. Como respuesta, el 5 de noviembre se instala un lavamanos que nunca tuvo agua, una burla más a las y los vecinos del sector, luego de cerca de 15 días se retira el artefacto sin dar explicación alguna.

Como un mal chiste, el lavamanos ha sido instalado nuevamente en la plaza, hace un poco más de una semana, otra vez sin agua ni jabón. Nos preguntamos ¿Existen políticas públicas “serias” que respalden las medidas que toma la alcaldía? ¿Existirá una demarcación invisible que separa a las y los ciudadanos que viven desde Plaza Sotomayor hacia el barrio puerto? ¿Seremos una especie de lepra para las autoridades, solo porque tenemos menos recursos? ¿O será que las personas que viven en la calle como no votan en las elecciones, da la mismo la dignidad de ellas?

CONFLICTO INMOBILIARIO EN WALMAPU

Por: Constanza Olivares Nienna

diciembre 2020, miles de personas viajaron para ver la eclipse Solar que se avistó en la localidad de Coñaripe, Panguipulli Región de los Ríos, ¿quién no querría quedarse a vivir acá?, comprarse un terrenito donde pasar las vacaciones, tener una casita donde pasar los fines de semana largos o donde ir a descansar luego de trabajar toda una vida, y qué mejor que hacerlo en un Condominio privado, donde no te interrumpa el resto de la urbe que se traslada al sur en las épocas estivales.

Las inmobiliarias han ocupado ilegalmente territorios ancestrales para hacer realidad el sueño del huinka

Uno de esos territorios es el aledaño al camino Interlagos que une Coñaripe con Panguipulli donde se encuentra el Lof Llankahue, que lucha en este momento por la restitución territorial en el sector conocido como El Desagüe, cerca del puente Piutel y, además, porque dicho proyecto de condominio dejaría a la comunidad sin acceso al Lafken Riñihue.

También a cerca de 50km, en Villarrica, la comunidad Chaura, se manifiesta desde el 2017 por la compra ilegal de más de 20 hectáreas, donde hace meses comenzaron los loteos para la venta también ilegal de 38 sitios que pertenecerán a un Exclusivo Condominio Privado, instalado en medio de la comunidad, cuyo espacio colinda con el lugar de Nguillatuwe, donde cada año entre 7 y 9 lof de la zona se reúnen a hacer sus rogativas.

Por otro lado, en Lican-Ray, la inmobiliaria MARJAV, ofrece espectaculares parcelas de 5000mtrs cuadrados con hermosa vista al Volcán Villarrica y al Lago Calafquen, situado en un proyecto en verde llamado Altos de Lican-Ray, cuyos valores fluctúan entre los 15 y 25 millones.

Esto sin mencionar las más de 75 hectáreas que usurpó la Sociedad Agrícola Las Vertientes, en el fundo Trafón, en Liquiñe o las 100 hectáreas que se adjudicó la Iglesia Católica en la Misión San Miguel con el fin de evangelizar hace más de un siglo y que sigue haciéndola propia, pese a la ilegitimidad de su adjudicación.

Ante todas estas irregularidades y arbitrariedades, la respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma, mesas de diálogo infructuosas e inconducentes y represión brutal. Y que más se puede esperar si el mismo alcalde de la comuna de Panguipulli, Rodrigo Valdivia Orias, compró terrenos a las inmobiliarias, en el sector de Los Tallos Bajos.

Pero los tiempos han cambiado, y ya no es tan fácil doblegar a la gente de la Tierra, en el 2019 La Comunidad Mapuche Herrera Antifilo comenzó a hacer uso del territorio que les corresponde por derecho, En la última manifestación, en octubre de 2020 demostraron ante la CONADI su titularidad de dominio y la vocera Sofía Herrera afirmó: “hoy no los engañan con regalitos, como se ha pretendido, las tierras no se venden, la ley indígena nos avala y es clara frente a la compra y venta de tierras indígenas con gente no mapuche y la comunidad Los Tallos, hoy tiene el dominio de las 202 hectáreas que usurpó la inmobiliaria tres esteros, y es una pena por la gente que ya compró, pero no son los Mapuche quienes deben responder ante ellos y la justicia”.

HACIA LA CONSTITUYENTE: UN “PARTIDO” EN TERRENO MUY DISPAREJO

La cancha está ahora en el Senado:

por Ignacia Araya Dubó

La clave está en la Ley 21.216, una reforma constitucional que establece las reglas especiales para las candidaturas de independientes y determina los métodos de corrección para lograr la paridad de género en el órgano constituyente. Yendo al grano, el problema son los requisitos para la inscripción de candidaturas independientes.

Las y los constituyentes serán quienes tengan el mandato popular para redactar la nueva constitución, tarea que deberán cumplir en el plazo máximo de un año. Como requisito general, podrán ser candidatas/os a constituyentes todos los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva. También podrán ser candidatos los hijos de chilenos que hayan nacido en el extranjero y los nacionalizados por gracia si es que han vivido en Chile por al menos un año.

Hasta aquí, todo bien, ¿no? Pero la cancha de estas elecciones fue delimitada de forma tal que, en la práctica, los candidatos independientes están en una innegable desventaja en relación a quienes militan en partidos políticos.

Parte de la gente podría haber pensado que votando Apruebo y Convención Constitucional iba a participar de alguna forma en la nueva constitución, que sería una constitución escrita por ciudadanos, pues eso nos prometían. Pero la letra chica hará lo posible por impedir que alcancemos ese sueño.

Los requisitos son los mismos que rigen actualmente para las elecciones de diputados, lo que incluye el patrocinio por ciudadanos independientes. Cada candidata/o independiente debe juntar por lo menos 0,4% de firmas de ciudadanos no militantes en relación a la cantidad de votantes de su distrito electoral en las elecciones de diputados del 2017. En el caso de las listas, deberán reunir al menos el 1,5% de firmas en relación al mismo número de sufragios.

¿QUÉ PASA SI LA SEÑORA ROSA DE PUENTE ALTO QUIERE PARTICIPAR?

Supongamos que una señora llamada Rosa, que vive en la comuna de Puente Alto, quiere ser constituyente. Según estas reglas, Rosa deberá juntar más de mil quinientas firmas de ciudadanos de su distrito, y además, estas firmas deben hacerse de forma presencial ante un notario.

Rosa puede defender con convicción las demandas del pueblo chileno, pero si no cuenta con los medios económicos para dar a conocer sus ideales, difícilmente va a movilizar a tal cantidad de personas para que firmen por ella. Y ni siquiera estamos considerando que, en medio de una pandemia por un virus, será menor el número de gente dispuesta a exponerse en una notaría.

Sobre esto último, cabe destacar que los militantes de partidos pueden inscribir a candidatos de su respectivo partido de forma electrónica y con la clave única, opción que no se permite para independientes. Por esto se exige que se permitan los registros online para firmar por independientes como una medida excepcional en tiempos de pandemia.

Por estas razones la ley 21.216 generó duras críticas, ante lo que se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de bajar la cantidad de firmas mínimas para independientes a un 0.2%, y para las listas de independientes a un 0.5%. A su vez, se permitiría al Servicio Electoral validar patrocinios con firma electrónica a través de la Clave Única ante el Registro Civil.

LOS SENADORES BAJO LA MIRADA ATENTA DE LA GENTE

Es fundamental que el Senado apruebe lo más pronto posible esta reforma, para que la participación de ciudadanos en la redacción de nuestra carta magna pueda ser una realidad, teniendo en cuenta que quedan menos de 70 días para que se termine el plazo de inscripción de candidaturas.

Otro factor que podría ser una desventaja para los independientes es el sistema proporcional de elecciones, que fomenta las listas de candidatos al entregar mayor cantidad de escaños a las listas que reciban más votos en total. Lo más lógico y conveniente para tener una oportunidad de ganar un puesto de constituyente es aliarse con una lista de independientes que tengan asegurado un alto apoyo popular o aliarse con un partido político.

Podemos suponer que se presentarán -o intentarán presentarse- varias listas de independientes, lo que es un inconveniente en el sistema proporcional. Mientras más listas de un mismo “sector ideológico” haya, mayor dispersión habrá en los votos de los ciudadanos que comparten esos ideales y en consecuencia, menor probabilidad tendrán de ganar un asiento en la Convención.

La derecha sabe cómo aprovechar este sistema y ya está pensando en formar una sola lista que abarque todo su arco político. Una lista de todos los partidos de la derecha va a concentrar los votos de la ciudadanía derechista y por lo tanto, podrán obtener mayor cantidad de escaños. Y sin duda van a esforzarse en candidatear personas que tengan como misión conservar lo más posible de la actual constitución.

Si en este proceso constituyente no participan ciudadanos independientes, y la mayoría de los puestos son ocupados por políticos de los mismos partidos que nos gobiernan, la nueva constitución será una promesa incumplida. Si llegase a pasar esto, el pueblo se va a desentender del proceso que tanta ilusión le dio, y probablemente habrá graves repercusiones en las calles.

SOBRE EL NUEVO RETIRO DEL 10%: NUEVO TRIUNFO DEL SISTEMA NEOLIBERAL

por Ghislaine Barría González

Lxs senadores y diputados se abrazan luego de votar el segundo retiro al 10%, a pesar de haberle dado la espalda a lxs trabajadrxs- profesionales de este país, sin importarles que éstos deban pagar un impuesto que se establece, sin más análisis que una simple cifra: percibir una renta mayor a 1.500.000, sin considerar que quizás tengan 2 o 3 hijxs que van a la universidad y no tienen posibilidades de crédito, porque “son muy pudientes”, aranceles que por lo bajo cuestan 400.000 mensuales a cada unx, que quizás paguen un crédito hipotecario, y que quizás solo quizás hace unos años han terminado de pagar su propio crédito universitario o Cae… O tal vez son personas que ya llevan trabajando 30 o 40 años y la mitad de sueldo se vaya en medicamentos y están pensando que terminarán con suerte con una jubilación de $250.000 .Claro, y es que aquí no se trata de un Orpis, Isasi, Larraín o Ponce Lerou, que pueden defraudar al fisco, robar, mentir y luego viene un perdonazo, tampoco se trata de Piñera y su familia especulando en la bolsa con el dinero de todxs lxs chilenxs y que lejos de ir a la cárcel, solo terminará siendo un problema de ética. Aquí se trata de un 9% de la población que labora honradamente cada día y, por lo tanto, no aplica para este sistema liberal ninguna consideración, ya que para este grupo la consigna será trabajar y trabajar hasta los 80 años o hasta morir, aunque incluso para aquello hay que contar con dinero..

IGUALDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Soledad Fernández

No importa a qué pensamiento político adscribamos ni cuál sea nuestra opinión sobre el actual proceso constituyente: desde los últimos siglos, a todo Estado soberano lo rige una Constitución que sienta las bases políticas e institucionales de su población en un determinado territorio. Una carta fundamental para todo Estado de derecho que sustente una democracia participativa requiere que pensemos en un contenido mínimo que garantice derechos y organice una sociedad. El objetivo de la convención constitucional será fijar consensuadamente dicho contenido.  

Más allá de las cientos de normas que puede tener una Constitución: todo su contenido puede ser reducido a un listado de principios que gobiernan toda democracia. No hay dudas sobre la incorporación de tales principios a la Constitución: a casi todes nos parece justa una sociedad que se base en los principios de igualdad, libertad, solidaridad o legalidad de los actos del Estado. No obstante, se avecinan serias discusiones sobre el contenido y jerarquía de dichos principios, conflictos que serán resueltos -probablemente- con diálogo, lobby, presiones mediáticas, marchas, redes sociales…

Así, la igualdad es un principio controvertido, cuya interpretación y aplicación puede justificar desde la gratuidad universitaria hasta la reducción de impuestos como el IVA en artículos de primera necesidad. Muchas disputas en torno al principio de igualdad son resueltas con respuestas tan disímiles que pareciera ser un principio versátil, manipulable, que se estira como un chicle dependiendo de su intérprete. Ante esto, hay una respuesta un poco más certera: depende de qué igualdad estamos hablando. 

Primero, si tuviera que definir la igualdad ocuparía solo dos palabras: estándar normativo. Parece una mezcla muy compleja y abstracta pero es el punto de partida para conceptualizar cualquier principio: i) que sea un estándar significa que no es propiamente una norma que podamos escribir, sino que es un margen de significados distintos que guían nuestra conducta. Eso no nos dice nada por ahora, pero luego ii) que sea normativo se antepone a un criterio descriptivo o, mejor dicho, no es que todas las personas del mundo seamos iguales, sino que, por consideraciones valorativas, creemos que debemos ser tratadas como iguales. Entonces, ¿siempre deberíamos recibir el mismo trato todas las personas? ¿Debemos tratar igual a hombres y mujeres? ¿Niños, adultos y ancianos? ¿Enfermos y sanos? ¿Heterosexuales, homosexuales u otres? ¿Ricos y pobres? Todo depende. 

El principio de igualdad tiene dos dimensiones. Solemos hablar solo de una arista: aquella que indica que debemos ser tratados como iguales porque, al parecer, siempre la discriminación nos resultará repudiable. Muchas demandas históricas se justifican en esta dimensión de la igualdad: la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, la igualdad de remuneraciones, el reconocimiento de los derechos indígenas, el matrimonio igualitario, la educación gratuita, el acceso universal a la salud, etcétera. Para todas las situaciones mencionadas no hay ningún criterio que avale diferenciar entre libres y esclavos, hombres y mujeres, nacionales dominantes y pueblos indígenas, heterosexuales y homosexuales, ricos y pobres. Cualquier distinción entre estos grupos para efectos de estas demandas, constituye una discriminación arbitraria. De esta manera, la igualdad por equiparación nos iguala en categorías que compartimos todas las personas: especialmente la dignidad, ese valor intrínseco que tenemos todas las personas por el solo hecho de serlo. 

Pero, ¿siempre es justo que nos equiparemos? ¿Siempre debemos tener el mismo tratamiento? Pongámonos en situaciones distintas ahora, por ejemplo, ¿es justo que hombres y mujeres participen en “igualdad de condiciones” en una elección a puestos de representación popular? ¿es justo que ricos y pobres paguen el mismo 19% de IVA en su compra semanal de supermercado? ¿o que los pueblos indígenas deban ser considerados dentro de la nación dominante? ¿Qué estudiantes y trabajadores paguen lo mismo en el transporte público? ¿Qué adolescentes y adultos cumplan la misma pena de cárcel?

Ya podemos intuir que, para todos estos casos, la respuesta tajante es que debe haber algo, algún criterio, que distinga cómo debemos ser tratados dependiendo de qué tan relevante se hace ese criterio para establecer un tratamiento diferenciado. La segunda y poco conocida dimensión del principio de igualdad es la igualdad por diferenciación: solo reconociendo nuestras diferencias como criterios relevantes para tratarnos distintamente, estaremos siendo respetuosos del principio de igualdad en sus dos expresiones. Así, en ocasiones, el género, la orientación sexual, la pertenencia a un pueblo originario o minoría nacional, nuestra edad o patrimonio, serán condiciones muy relevantes para establecer tratamientos diferenciados. 

Para ejemplificar, utilizaré el género como un criterio, a veces relevante, otras veces indiferente para distintas situaciones: cuando hablamos del sufragio femenino o la igualdad de remuneraciones, el género no es un criterio que justifique tal diferencia, por tanto, que las mujeres no pudieran votar hace 70 años o que hoy las mujeres ganen un 30% menos que los hombres, son dos casos claros de históricas discriminaciones arbitrarias. Pero si hablamos de participación electoral o de programas de terapia de agresiones sexuales, el género se torna un criterio crucial para definir políticas públicas: solo con cuotas de género o preferencias a mujeres víctimas de agresiones sexuales estamos cumpliendo el estándar normativo que nos exige diferenciar.

La consideración de género es importante cuando entendemos que las mujeres que participan en igualdad de condiciones con los hombres en votaciones, no son mayoritariamente electas porque el género condiciona el voto de los electores, -entre muchos motivos, se puede explicar  porque históricamente el liderazgo, la fortaleza y seguridad son valores asociados a lo masculino-, por lo que las cuotas de género vienen a compensar una discriminación estructural del patriarcado que el mérito nunca ha podido subsanar. De la misma forma, la consideración de género es importante cuando nos damos cuenta de que el 82% de las víctimas de agresiones sexuales son mujeres, también fruto de una cultura patriarcal de la violación, por lo que programas de reparación y tratamiento de dichas agresiones deben estar dirigidas principalmente para y por mujeres. 

La clave del actual proceso constituyente será preguntarnos: ¿Cuándo igualar significa equiparar y cuándo diferenciar? Dependerá del criterio y el contexto. Un mismo criterio puede resultar ser relevante para algunos casos, o indiferente para otros. Reconocernos como personas iguales con los mismos derechos también implica reconocer nuestras diferencias que nos permiten tener nuestros propios proyectos de vida: ser divergentes en nuestras visiones del mundo y formas de existencia. La igualdad solo se logra alcanzar si también somos diferentes.