Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores altos de la localidad de Olmué, apacible pueblo de la zona central de Chile, han tenido que convivir con la falta de agua potable o bien con su distribución a través de camiones aljibes.

Esta realidad lejos de ser una excepción a la regla, se ha convertido en un testimonio cada vez más frecuente, sobre todo en aquellos países donde sus Estados han privilegiado la permanencia de un modelo de desarrollo sustentado principalmente en la sobre explotación de bienes naturales finitos, sin considerar los impactos que el cambio climático está dejando en los ecosistemas. 

El agua más allá de ser un “recurso” extraíble para los procesos productivos, es un bien estratégico e ineludible a la hora de proyectar la supervivencia en el Planeta. En la actualidad una de cada diez personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y según proyecciones del Foro Económico Mundial se estima que para el 2030 habrá una demanda un 40% más alta que no podrá ser abastecida, unos 1.400 niños mueren a diario producto de diversas enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y alrededor de 770 millones de personas no cuentan con agua, en su gran mayoría quienes viven en situación de pobreza, barrios marginales o sectores rurales.

El agua dulce es por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras múltiples necesidades, siendo tan solo el 2,5% del total del agua disponible en el planeta, la que en gran medida está congelada en los polos y glaciares o circulando en surcos subterráneos, ríos o lagos. Desde el relato que dicta el sentido común, queda fuera de toda discusión que el acceso al agua destinada a la población esté mediatizada por su disponibilidad para los enclaves productivos del extractivismo, la mega minería, la producción energética y la agroindustria, sin embargo, lo que podemos vislumbrar es que las legislaciones de muchos países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macro económicas por sobre la justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus prioridades, promoviendo marcos legales que dan amplias garantías a las grandes empresas sin considerar las urgencias del futuro como eje estratégico en la construcción de políticas públicas que HOY son impostergables. 

Las realidades son diversas y sin pretender ser alarmista, todas ellas en el contexto de la necesidad de resguardar el agua como bien indispensable (y por lo pronto irremplazable) tienen una carga de dramatismo, desde comunidades que se desplazan kilómetros para encontrar algún acuífero y regresar con un par de tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a través de camiones aljibes que no garantizan su inocuidad y potabilidad, vecinos cuya relación con el agua es a través de un vínculo clientelar donde el pago de un boleta deja en evidencia el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su administración o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas empresas que disputan el uso del agua básicamente como un recurso al servicio de rentabilizar sus proyectos y quienes por otra parte distantes de la problemática, derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en tiempos de escases. 

Cuando la ONU reconoce que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo hace  dejando en claro que no puede existir conveniencia empresarial o política, ni legislaciones o normas que prioricen el mercado como filtro regulador del acceso a un bien sin el cual la vida en el planeta es inviable. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional”, sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices según sea la permeabilidad política de los Gobiernos, la solidez de sus instituciones y la vulnerabilidad de sus políticas públicas frente a las presiones adjuntas a los tratados de libre comercio que en su gran mayoría son el salvo conducto para aquellas transnacionales que continúan con las prácticas de usurpación intensiva.

En mi país, Chile, son cerca de 417 mil las personas que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de sus cifras macro económicas y de su posicionamiento en el escenario internacional como país en vías de desarrollo, pero que no obstante ello, ha decidido mantener desde sus elites gobernantes un modelo de gestión y administración de las aguas que privilegia el mercado y la propiedad privada sobre un elemento vital e indispensable para la subsistencia.