Desde la vuelta a la “Democracia” en 1990 diversos sectores sociales se han atrevido a reclamar sus derechos arrebatados por la dictadura cívico-militar de 1973, sin embargo, hasta ahora el fragmentado tejido social no había logrado vincular sus demandas hacia una intersectorialidad y ante esto las denuncias del pueblo fueron poco acogidas, más bien ignoradas, por las autoridades estatales.