Por Igor Goicovic Donoso

A dos años de la revuelta popular de octubre de 2019 la sociedad chilena ha sido convocada, nuevamente, a un mega evento electoral (elección presidencial, de una parte del Senado, de la totalidad de la Cámara de Diputados y de los cargos para consejeros regionales). No obstante, la “fiesta de la democracia”, como la llamaron insistentemente los medios de comunicación social al servicio del capital, tuvo una escasa concurrencia. De los 14.959.945 chilenos habilitados para votar, solo lo hizo el 47,34%. Menos que el 49,36% de las presidenciales del 2013 y levemente inferior que el 46,72% de sus similares de 2017. Si seguimos esa misma línea de análisis, también son menos que aquellos que votaron para el plebiscito del apruebo de la Convención Constitucional de octubre de 2020 (50,95%), pero bastantes más que aquellos que participaron de la elección de convencionales para la misma instancia en mayo de 2021 (41,51%). Sin duda, el dato más preocupante continúa siendo que una franja superior a la mitad de la población habilitada para sufragar no lo está haciendo, con lo cual se devela la profunda fragilidad del sistema democrático chileno.