por Guillermo Correa Camiroaga
Seguir leyendo Valparaíso se moviliza en defensa del medio ambiente, los territorios y la vida dignaLa depredación del medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas es una de las características fundamentales del modelo extractivista del sistema de dominación capitalista en que nos encontramos. A lo largo de todo nuestro país las denominadas “zonas de sacrifico” se multiplican y nuestra región no es ajena a este atentado en contra de la vida.
El mes recién pasado se decretó escasez hídrica en La región de los Lagos, una de las regiones más lluviosas del país, mientras que en la región de los Ríos se ha registrado un 73% menos de precipitaciones respecto a un año normal. Sin embargo y pese a estos datos ¿Es realmente esto la raíz del problema?¿Qué hay de la contaminación hídrica? La evidencia demuestra que el Decreto 90 —que vela por la protección de los sistemas acuáticos— no es suficiente. La contaminación ha aumentado notoriamente en ríos, lagos y zonas costeras y lacustres. Hoy el Ministerio del Medio Ambiente está revisando este decreto y los autores plantean que es urgente subir sus exigencias: establecer cargas máximas de toxicidad y usar la tecnología para medir adecuadamente los niveles de contaminación tomando en cuenta que, si los caudales disminuyen, esto también afecta la capacidad de limpieza natural de los sistemas acuáticos.
20 de noviembre de 2020
Hace algunos días atrás hemos escuchado las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand que manifiesta: «Hoy hay evidencia que no estar en el TPP11 nos está causando mucho daño”. Con sus dichos, Allamand borra con el codo las multitudinarias manifestaciones a lo largo de todo Chile, en donde las y los ciudadanos han expresado su rechazo a este tratado que solo beneficia a las transnacionales. Por su parte, desde los movimientos y organizaciones ambientalistas, la voz coincide con las personas de a pie, ya que son varias las problemáticas que están estancadas: la privatización del agua, las zonas de sacrificio y una desertificación que avanza. De esta manera, hay ingentes problemas que exceden por mucho la miserable mirada que tiene el gobierno respecto, no solo del medio ambiente en su conjunto sino de los derechos humanos fundamentales y que constantemente son pisoteados por el sistema neoliberal que nos rige.
Este Conversatorio pretende abordar desde una mirada crítica el estado del arte y los posibles caminos ante la redacción de una nueva Constitución.
Con Joel Gonzáles, Activista Libres Alta Tensión
Camilo Mansilla, Coordinador metropiltano MODATIMA
Carolina Vílches, Candidata a Constituyente, Encargada Asuntos Hídricos de Petorca y de una Colectiva Hidrofeminista
Conduce el conversatorio: Rosa Alcayaga
por Joel González / Músico, Poeta / Profesor, Activista socio ambiental.
No sorprende el constatar como a lo largo de la historia los territorios cambian su fisonomía. Los asentamientos humanos y sus actividades productivas van dejando una huella que en la mayoría de los casos no cautela cuales son sus diversos impactos en los ecosistemas, en el clima y en la biodiversidad, sin embargo, en Chile hoy existen comunidades que no decidieron convivir junto a un cordón industrial, ni a empresas que contaminan, no les consultaron como soñaban el futuro, ni mucho menos se les informó respecto a los inminentes daños y perjuicios que el lastre dejado por el desarrollo sería una carga que tendría costos, muchas veces irreparables, a su salud y a su calidad de vida. Esto es lo que quedó en evidencia el pasado 21 de agosto, tras la masiva intoxicación producida en Quintero, localidad cuyo nombre se debe al Español Don Alonso de Quintero, personaje de una época que relata un territorio fértil, rico en flora nativa, donde incluso durante varios años tras la conquista, sus habitantes lograron surtirse de alimento gracias a las bondades naturales que propiciaron la agricultura y la pesca.
En un principio fueron 30 estudiantes intoxicados con un gas de “origen desconocido” lo que alertó a la comunidad y a la autoridad que decretó la evacuación del Liceo Politécnico y los Colegios Santa Filomena y Alonso de Quintero. Finalmente la suspensión de clases en un estado de emergencia ambiental fue una de las medidas precautorias justificadas por las casi 400 personas intoxicadas, muchas de ellas menores de edad, adultos y mujeres en edad fértil. Han sido 50 años de contaminación emanada de un parque industrial que ha ido creciendo con el tiempo y que a la fecha ya cuenta con 15 grandes empresas en una bahía que incluso en su ordenamiento político alguna vez hermanó a Quintero y Puchuncaví como una solo comuna.
Tras el lamentable episodio, la prensa se agolpó en las calles de la ciudad, la misma que durante décadas en escasas ocasiones había publicado algo respecto a la situación de debacle ambiental vivida en la bahía, llegaron los Ministros, los Alcaldes tomaron el micrófono, llegaron Parlamentarios y el Presidente de la República tomó vocería desde un Estado que ha fallado y que ha sido cómplice benevolente frente al atropello de las empresas que han violado los derechos humanos de una comunidad que ha sido sacrificada con el único fin de mantener este polo productivo bajo estándares que no dan cuenta de las necesidades de quienes habitan el territorio.
Declaraciones apresuradas, informaciones contradictorias, desmentidos oficiales, interés por sacar provecho político, conflictos de interés, denuncias de encubrimiento y directivos de empresas cuestionadas evadiendo cualquier responsabilidad que los involucre en el hecho, sin antes hacer alarde de sus estándares de calidad en un territorio donde todo ha fallado y al parecer ha sido intencionadamente ineficiente.
Lo más visceral y obscuro del ser humano queda al descubierto, de un humano que no solo contamina desde las fumarolas de sus industrias, sino también desde su insaciable ambición y egoísmo. No es de extrañar que este desfile de personalidades se haya presentado como una caricatura surrealista que no se condice con la cruda realidad y necesidad de reparación que demandan los vecinos.
Lo que ha ocurrido recientemente en Quintero no es una excepción, ni mucho menos un hecho aislado, en un país donde las normativas ambientales son en extremo permisivas, donde la participación e injerencia ciudadana en la evaluación de los proyectos no pasa de ser un acto testimonial y decorativo, donde la media diaria de emanación de material particulado y dióxido de azufre sugerido por la OMS es ampliamente superado por la precaria restricción Chilena, en una bahía que ha tenido que soportar sobre sus aguas, sus tierras, en la sangre de sus habitantes, en el aire que respiran, en las vidas que están por nacer, un cóctel tóxico de arsénico, dióxido de azufre, 2-ethilexanol, derrames de carbón y diesel y recientemente metilcloroformo, isobutano y nitrobenceno, por nombrar algunos contaminantes a los que la población de Quintero y Puchuncaví han estado expuestos durante décadas, conviviendo al costado de empresas cuyos “altos estándares de seguridad” siguen siendo a la medida de la precariedad y la inoperancia de las legislaciones y normativas nacionales.
Evidentemente Señor Santelices, la historia de esta Bahía diezmada por el cordón industrial es mucho más que taparse la nariz ante la amenaza de “olores ofensivos”, sino que es la construcción de vínculos desarraigados por el cáncer y otras patologías crónicas, de pescadores que saben que lo que extraen del mar es el germen de la contaminación de las empresas amparadas por el Estado y de madres que ven con incertidumbre el futuro de sus hijos.
Por Joel González Vega Activista y Vocero Campaña “Libres de Alta Tensión”
El día 15 de mayo de 2014, el ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, presentó al país la Agenda de Energía. Este documento representa las actuales líneas de trabajo del gobierno para desarrollar en conjunto con las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía; además de la industria minera, lo que se denominó como Estrategia Nacional de Energía.
El martes 24 de junio del mismo año se llevó a cabo en el centro de eventos Casa Piedra en Santiago la Cena Anual de Energía. Este evento reúne al gobierno y al sector privado eléctrico. Durante la jornada, la presidenta Michelle Bachelet, acompañada del ministro Pacheco, declaró cuáles serán los énfasis en materia de producción y transmisión energética para el país durante los próximos años con el objetivo de robustecer el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC) y descongestionar el sistema de trasmisión a partir del año 2017 expandiendo nuevas líneas desde la región del Bío Bío hacia el Norte Grande (Polpaico – Pan de Azúcar, Pan de Azúcar – Maitencillo, Maitencillo – Cardones, Cardones – Diego de Almagro, Ancoa – Alto Jahuel, Charrúa – Ancoa, el primer circuito Rapel – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Lo Aguirre).
Durante su presentación, Bachelet, reafirmó su compromiso con el sector privado, indicando que “aceleraremos en un año” la aprobación y puesta en marcha de diversos proyectos de generación y transmisión eléctrica (actualmente la mayoría están en procesos de evaluación ambiental y con evidentes conflictos ambientales y oposición ciudadana).
Por su parte, el ministro de Energía, pidió “voluntad” al sector público para trabajar en un “esfuerzo combinado” con el sector privado. Otro de los temas conversados fue “la necesidad de fortalecer la participación ciudadana de manera que los proyectos de inversión energética sean percibidos como una oportunidad de bienestar, progreso y movilidad social para las comunidades”, según palabras de Pacheco. Desde aquel entonces, las presiones del Gobierno a través de toda su estructura institucional han buscado la aprobación de la carretera eléctrica LT 2X500 KV Cardones-Polpaico (Isa Inter Chile) aún incluso cuando dicho proyecto estaba en fase de evaluación ambiental y la presidenta Bachelet hacía público su respaldo.
En el transcurso de su evaluación fueron múltiples los reparos ciudadanos en rechazo al proyecto de Inter Chile, los que fueron escuchados por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Ello derivó en una investigación cuyo informe fue enfático en denunciar los diversos vicios en el proceso de participación ciudadana y el lobby persistente del ex ministro Máximo Pacheco para disminuir la resistencia local, sobre todo en aquellos municipios que alertaron sobre su ofensiva judicial en resistencia a la carretera eléctrica que en comunas como Limache y Olmué (parte de la reserva de la biósfera La Campana-Peñuelas) se alzará como una cicatriz metálica con las torres de alta tensión más altas jamás construidas en Latinoamérica, con una capacidad de transmisión de 1 millón de voltios y con todo el impacto a los ecosistemas, la fauna y la salud humana que dicho proyecto conlleva.
Hoy la carretera eléctrica Cardones-Polpaico se alza como la gran amenaza para el surgimiento de nuevos proyectos energéticos que sin el consentimiento ni el parecer de las comunidades ponen en riesgo la calidad de vida de quienes han forjado historias, familias y sueños compartidos vinculados a su tierra. Cardones- Polpaico es un proyecto licitado durante el gobierno de Sebastián Piñera y puesto en urgencia por el de Michelle Bachelet bajo la insistencia de Máximo Pacheco, ministro que constantemente justificó su construcción como una vía indispensable para la conectividad energética del país y para el impulso de fuentes de energía renovables no convencionales. No obstante ello, el primer proyecto dispuesto a “colgarse” de esta red es la Central Termoeléctrica Los Rulos, la que evidentemente por sus características no califica como matriz energética sostenible ni renovable.
Hoy la carretera eléctrica Cardones-Polpaico se alza como la gran amenaza para el surgimiento de nuevos proyectos energéticos que sin el consentimiento ni el parecer de las comunidades ponen en riesgo la calidad de vida de quienes han forjado historias, familias y sueños compartidos vinculados a su tierra.
En un país donde el consumo energético que demanda la población (servicio domiciliario, alumbrado público) es de un 16% y donde el resto corresponde a la gran minería y mega industria principalmente; donde el 66% de la matriz energética corresponde a termoeléctricas (carbón, diesel, gas natural, petcoke) y un 32% a hidroeléctricas (embalses y represas) es indispensable repensar el sentido que impulsa las políticas públicas en materia energética, las que hoy al parecer siguen estando al arbitrio del mercado donde en definitiva son las empresas de transmisión y generación energética las que dictan al oído del gobierno sus expectativas de negocio para dar luz verde a sus proyectos, muy a pesar de la gente común, que debe asumir los pasivos ambientales de un paradigma de desarrollo insostenible e inviable con la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de los habitantes de este país.
Fotos: Marcha Olmué. Nelson Rodríguez S. Marcha 2. Nelson Rodríguez S.
